La concesión de un trato privilegiado a Cataluña ahondaría en la España de dos velocidades: la rica y la pobre
La reforma de la financiación autonómica y la posible condonación de la deuda que la Generalitat tiene con el Estado no pueden ser una moneda de cambio entre el presidente del Gobierno en funciones y los partidos independentistas para facilitar su investidura.
El PSOE no puede ser un partido que se identifique con la consolidación de los privilegios de unos españoles frente a otros. La concesión de un trato privilegiado a Cataluña ahondaría en la España de dos velocidades: la de las comunidades autónomas ricas y la de las pobres. Profundizar en esa vía de desigualdad solo generará nuevos agravios entre regiones, mientras se debilitan tanto el principio constitucional de solidaridad entre todos los ciudadanos como la propia comunidad política nacional.
Como informamos hoy en el Primer plano, el debate sobre la financiación autonómica y la deuda catalana forma parte de las negociaciones para que Pedro Sánchez revalide su mandato. El Govern exige a Sánchez negociar de manera bilateral, marginando al resto de autonomías, arguyendo que la diferencia entre lo que aporta al conjunto de España y lo que recibe es demasiado alta en su contra. La aspiración independentista se centra en dos objetivos: un sistema fiscal similar al Concierto vasco -inasumible para las cuentas públicas españolas-, y la condonación de su deuda a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Cataluña fue en su día la primera región en acogerse al FLA y es la que más adeuda: 71.800 millones de euros. La gestión de los sucesivos gobiernos independentistas se ha revelado fallida. Sin embargo, como explica hoy el director de Fedea, Ángel de la Fuente, Cataluña no está infrafinanciada, como los partidos nacionalistas repiten desde el Espanya ens roba, sino que se sitúa en la media. En realidad, las comunidades que reciben menos de lo que deberían son la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía -las tres ahora en manos del PP- y Castilla La-Mancha, que efectivamente necesitan que se negocie un sistema fiable, estable e independiente de la política de alianzas del Gobierno de turno.
El reto que supone una reforma justa es complejo, y la manera de abordarlo provoca también discrepancias entre regiones del mismo signo político: unas piden que se atienda al criterio de población real y otras que se incluya también la despoblación o los efectos del envejecimiento.
El modelo actual, creado en 2009 y sin actualizar desde 2014, necesita una revisión que lo dote de mayor equilibrio. Para ello es imprescindible un acuerdo entre los dos grandes partidos, más aún cuando, tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, el PP concentra la mayor parte del poder territorial. Sólo así se podrá avanzar hacia una España en la cual el acceso de los ciudadanos a peores o mejores colegios y hospitales no dependa cada vez más de si viven en un territorio rico gobernado por nacionalistas o en un territorio pobre gobernado por el PP o el PSOE.
ENLACES:
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2023/08/07/64ce0e15e9cf4a7d568b457a.html
https://www.elmundo.es/opinion/editorial/2023/08/07/64cfe99bfc6c83f31f8b4581.html
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